Juan Cigarría
PCE LA RIOJA
La reciente desclasificación de algunos documentos sobre el 23 de febrero de 1981 vuelve a abrir una herida que nunca se ha cerrado de cerrarse. Durante décadas se nos ofreció un relato oficial: el rey salvó la democracia, la Corona garantizó la estabilidad y el sistema nacido en 1978 se consolidó frente al golpismo. Pero cada nueva revelación introduce matices incómodos y preguntas que no encajan en la versión hagiográfica que convirtió al monarca hoy exiliado por sus “problemas fiscales” en héroe indiscutido.
El 23F no fue un episodio aislado. Fue la expresión de que el franquismo sociológico, político y militar nunca ha desaparecido del todo. Y, sobre todo, fue la prueba de que la llamada “Transición modélica” fue un proceso tutelado, condicionado y limitado por poderes que jamás fueron depurados. El problema no es solo qué sabía o dejó de saber el rey. El problema es qué tipo de democracia se construyó y sobre qué silencios.
Conviene recordar algo que suele omitirse: la democracia en España no fue un regalo de la Corona ni una concesión benevolente del aparato franquista reciclado. Fue el resultado de décadas de lucha, cárcel, exilio y clandestinidad de miles de militantes antifranquistas. Fueron obreros organizados fundamentalmente en el Partido Comunista de España (PCE), estudiantes, vecinas y vecinos, quienes arrancaron libertades a pulso. La Constitución de 1978 no cayó del cielo: fue la culminación, limitada y pactada, de una correlación de fuerzas forjada en la calle. Los que contribuyeron a salvar la democracia están en cunetas, no de vacaciones por Abu Dabi.
En ese contexto, la izquierda hizo concesiones históricas. Se aceptó la monarquía parlamentaria. Se renunció a la bandera tricolor que había sido símbolo de legalidad democrática frente al golpe de 1936. Se asumió una Ley de Amnistía presentada como reconciliación nacional. Aquella generosidad pretendía cerrar heridas y abrir una etapa de libertades. Pero con el paso del tiempo es legítimo preguntarse si no fue una cesión excesiva de la clase trabajadora española.
La Ley de Amnistía de 1977 liberó a presos políticos y permitió el regreso de exiliados, sí. Pero también cerró la puerta a la persecución judicial de los crímenes del franquismo. Diversos organismos internacionales han señalado que las leyes de punto final y amnistías que impiden investigar crímenes de lesa humanidad contradicen el derecho internacional. La impunidad no es reconciliación; es negación de justicia.
Mientras tanto, el relato del “consenso” consolidó un sistema bipartidista que durante décadas administró el marco heredado sin cuestionar sus límites estructurales. La jefatura del Estado quedó blindada. Las estructuras económicas fundamentales, grandes empresas,poder financiero, aparatos judiciales y militares, permanecieron en manos de élites que provenían, en muchos casos, del franquismo reciclado.
Así pues la desclasificación parcial de los papeles del 23F no solo interpela al papel concreto del rey, interpela la arquitectura completa del régimen del 78. Una presunta democracia que no ha podido juzgar su pasado autoritario arrastra una anomalía de origen. Y cuando esa misma democracia permite el deterioro de derechos sociales básicos, vivienda convertida en negocio especulativo, sanidad tensionada, servicios públicos debilitados, etc, la pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto es suficiente este modelo?
En este punto, parece obvio que reivindicar una democracia real no es un ejercicio nostálgico ni simbólico. Es plantear que la soberanía popular debe situarse por encima de cualquier herencia dinástica, que no es más que la cúpula de un sistema que funciona al margen de la mayoría social de este país. Es exigir que los derechos sociales sean blindados constitucionalmente como derechos efectivos y no como declaraciones programáticas. Es asumir que la memoria no puede convivir con la impunidad.
Por ello, hablar hoy de una Tercera República no es un gesto identitario: es abrir un debate sobre la forma del Estado y el contenido de la democracia. Una República que garantice vivienda digna, sanidad pública robusta, educación accesible, trabajo con derechos y control democrático de los sectores estratégicos. Una República donde nadie esté por encima de la ley y donde la jefatura del Estado no dependa de la sangre sino de la voluntad ciudadana.
Los papeles del 23F no son solo documentos históricos. Son un espejo. Nos obligan a preguntarnos si la democracia española es el punto de llegada o apenas una estación intermedia. Y quizá la verdadera lección sea esta: la libertad nunca fue una concesión; fue una conquista. Y lo que se conquistó una vez puede, y debe, ampliarse.