Juan Cigarría y Julio Martínez. PCE La Rioja

Logroño salda estos días una deuda largamente aplazada. El homenaje a Miguel Sarabia (Logroño 1927) no es solo un acto de justicia con un logroñés comprometido con la democracia y los derechos de la clase trabajadora, es también una invitación incómoda a revisar las sombras de la Transición y las asignaturas pendientes de nuestra memoria. Porque recordar a Sarabia es recordar que hubo víctimas después de la dictadura y que el silencio institucional sigue siendo, todavía hoy, una forma de impunidad.

Sarabia fue comunista, abogado laboralista, maestro y militante. Fue, sobre todo, un hombre que puso su vida al servicio de la clase trabajadora cuando hacerlo implicaba cárcel, tortura o muerte. En los años cincuenta, en plena dictadura, fundó junto a otros compañeros una escuela en Orcasitas, Madrid, destinada a niños y adultos sin recursos, convencido de que la educación era una herramienta esencial de emancipación. Aquella labor pedagógica la compaginó con el asesoramiento jurídico y el apoyo constante a las familias obreras de Orcasitas y Usera, implicándose activamente en el movimiento vecinal y promoviendo la fundación de la Asociación de Vecinos La Unión de Almendrales, en Usera. Esa experiencia de base, ligada a la organización popular, explica buena parte de su compromiso posterior como abogado laboralista.

Superviviente de la matanza de Atocha de 1977, cargó el resto de su vida con las heridas físicas y morales de aquel crimen político que pretendía frenar a tiros la organización obrera en los albores de la llamada Transición. Cinco de sus compañeros fueron asesinados. Los responsables ideológicos nunca han sido juzgados ni condenados. Aquel atentado no fue un episodio aislado, sino la expresión más brutal de una violencia política que acompañó todo el proceso de cambio y que tuvo como objetivo disciplinar al movimiento obrero y a la izquierda organizada.

Recordar a Miguel Sarabia es recordar que hubo víctimas antes y después de la dictadura, y que la violencia política no terminó con la muerte de Franco, sino que se recicló bajo nuevas formas, nuevas siglas y una impunidad cuidadosamente blindada. La Transición no fue un proceso modélico de concordia, sino un pacto tutelado, con muertos, con represaliados y con silencios impuestos. Un pacto que garantizó la continuidad de buena parte de las estructuras económicas, judiciales y policiales del franquismo, al precio de renunciar a la verdad y a la justicia.

La memoria, por tanto, no pertenece al ámbito de lo privado ni de la nostalgia, es una cuestión política central. La memoria incomoda porque señala responsabilidades y desmonta la continuidad del poder heredado del franquismo. Por eso ha sido sistemáticamente relegada, minimizada o convertida en un gesto simbólico sin consecuencias reales. Y por eso sigue siendo un terreno de disputa.

El encuentro de víctimas de la Transición que se celebra estos días en Logroño no mira al pasado para recrearse en el dolor, sino para interpelar al presente. Porque mientras se organizan homenajes populares y actos impulsados desde el movimiento memorialista, las instituciones siguen incumpliendo de forma sistemática sus propias leyes. En La Rioja, la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2022 continúa sin desarrollarse plenamente, sin actos institucionales comprometidos, sin medidas efectivas de reparación y sin una voluntad política clara de afrontar el legado franquista con la profundidad que exige una democracia real.

Esta falta de voluntad no es una anomalía local, sino parte de un problema estructural. Durante décadas se ha construido un relato oficial que separa artificialmente dictadura y democracia, como si entre una y otra no existieran continuidades políticas, económicas y judiciales. Esa fractura ficticia ha servido para normalizar la impunidad y para relegar a las víctimas de la Transición a un lugar secundario, cuando no directamente al olvido. La democracia resultante se edificó así sobre una memoria amputada. El ejemplo más sangrante sigue siendo la permanencia del nombre de Yagüe en el callejero de Logroño. El carnicero de Badajoz, responsable directo de una de las mayores matanzas del franquismo, continúa siendo homenajeado en el espacio público como si la democracia pudiera convivir sin rubor con los símbolos del terror. El hecho de que por ej Miguel Sarabia no tenga una calle con su nombre en nuestra ciudad y Yagüe tenga un barrio con su nombre, no es un despiste administrativo ni una cuestión menor, es una decisión política consciente. Y cada día que pasa sin corregirse es una forma de revictimización para quienes sufrieron la represión y para quienes siguen reclamando verdad, justicia y reparación.

La memoria democrática no nació en los despachos ni en los discursos oficiales, sino en la resistencia popular, en el movimiento obrero y vecinal, en quienes se organizaron para sobrevivir y luchar en condiciones de extrema dificultad. Recuperar la memoria no es un gesto simbólico ni una concesión cultural, es una herramienta de transformación, porque permite entender por qué muchas de las estructuras de poder actuales siguen asentadas sobre la impunidad de ayer y por qué determinadas injusticias se reproducen aún hoy.

Miguel Sarabia entendió todo esto mucho antes de que se convirtiera en un debate público. Su vida fue un ejemplo de compromiso silencioso, de trabajo constante y de coherencia política. Recordarlo hoy, en su ciudad, no debería ser un punto final, sino un punto de partida. Porque la memoria no se hereda, se conquista. Y mientras haya calles dedicadas a verdugos y víctimas sin reconocimiento pleno, esa conquista seguirá siendo una tarea pendiente.