Por Juan Cigarría
Originalmente publicado por Mundo Obrero
Durante más de veinte años, quienes defendemos la recuperación de la memoria histórica hemos denunciado un modelo español de impunidad que protege a los poderosos y olvida a las víctimas. Un movimiento que nació de abajo, de quienes no olvidamos a los represaliados y represaliadas, de las familias, de las asociaciones, de los sectores más conscientes de la clase trabajadora, y donde los y las comunistas fuimos parte fundamental, reclamando Verdad, Justicia y Reparación. La memoria combativa brotó de la resistencia popular, del tejido colectivo que se negó a aceptar la continuidad del franquismo disfrazado de democracia y que fue, desde el principio, un acto de justicia y de rebeldía. Recuperar la memoria no ha sido, ni es, nostalgia. Es luchar por el futuro que nos arrebataron y por un presente en el que los privilegios heredados de la dictadura no sigan marcando el destino de nuestro pueblo.
La impunidad de los crímenes del franquismo no es solo un capítulo del pasado; es la base sobre la que todavía se sostiene el poder del capital. La llamada Transición del 78 fue un pacto que blindó a los de arriba y dejó fuera a la clase trabajadora. Los verdugos siguieron impunes, las fortunas intactas, y el aparato del Estado se mantuvo al servicio de los mismos intereses. Así, la democracia española se configuró como una democracia vigilada, donde la élite impuso sus límites y el pueblo fue invitado a participar solo como espectador. Se nos pidió pasar página sin haber leído la historia, queriendo ocultar las raíces de la opresión que siguen presentes hoy en cada desahucio, en cada precariedad, en cada silencio impuesto.
Porque esa impunidad no es una reliquia del pasado, la vemos cada día en los tribunales, en los despachos, en los consejos de administración. Las fortunas heredadas del franquismo jamás fueron cuestionadas, las grandes corporaciones siguen mandando y la monarquía continúa siendo el símbolo de esa continuidad. La ausencia de depuración permitió que la vieja jerarquía franquista se mantuviera, reproduciendo decisiones que defienden los intereses de la élite y castigan a los sectores populares.
Durante años, el régimen del 78 intentó combatir la recuperación de la memoria política reduciéndola al ámbito familiar, a una cuestión sentimental, inofensiva. Pero la memoria no pertenece al terreno de lo íntimo: es un asunto político, colectivo, profundamente de clase. Quien controla la memoria controla el relato; y quien controla el relato controla el poder. Por eso la memoria combativa sigue incomodando, porque recuerda que nada de lo que tenemos fue un regalo, que cada derecho se conquistó luchando. Y por eso la memoria histórica no puede quedarse en actos simbólicos ni en homenajes descafeinados. Mientras haya monumentos a criminales, calles con nombres de verdugos y privilegios heredados de una dictadura, hablar de democracia es mentir. Recuperar la memoria exige justicia real, abrir archivos, depurar responsabilidades, revisar fortunas y garantizar que las nuevas generaciones comprendan cómo opera el poder y cómo se construye la impunidad. La memoria no reabre heridas, muestra que nunca se cerraron.
Recuperar la memoria es recuperar la conciencia colectiva de clase. La República destruida por el fascismo no fue solo un régimen político, fue el intento más avanzado de construir un país justo, libre y soberano. Conocer esa historia es comprender las raíces de la opresión, pero también las semillas de la emancipación. La memoria antifascista no es pasado, es el motor que impulsa la organización popular, la solidaridad y la lucha por transformar el presente.
La memoria no solo nos conecta con el pasado: ilumina las luchas del ahora. Entender cómo la II República trató de conquistar derechos sociales, cómo la dictadura los destruyó y cómo la resistencia antifascista los defendió, nos ayuda a reconocer que las batallas actuales —por la vivienda digna, el trabajo con derechos, la igualdad real o los servicios públicos— son la misma pelea por la dignidad humana. Cada victoria popular continúa esa historia interrumpida por la barbarie. También la memoria fortalece el internacionalismo de clase. Aprender de otras luchas, compartir experiencias, tender la mano a los pueblos que resisten es parte de esa herencia que no queremos perder. La memoria no es solo defensa del pasado: es organización para el futuro.
Hablar de memoria es hablar de poder. Pero no del poder que oprime, sino del que nace del pueblo cuando toma conciencia de sí mismo, de su historia, de su fuerza. La memoria es la base de una nueva legitimidad: no para vivir del recuerdo, sino para impedir que los herederos del franquismo sigan gobernando nuestras vidas. Recuperar la memoria histórica es, en esencia, una herramienta de emancipación. Por tanto, la memoria no es solo un deber moral: es una tarea política. Permite a la clase trabajadora reconocerse, organizarse y disputar el poder. El antifascismo del ayer es la lucha de clases de hoy y la esperanza de la emancipación de mañana.
Recuperar la memoria no es nostalgia: es la fuerza que hará posible un futuro donde el pueblo recupere el control de su destino; donde la justicia sustituya a los privilegios, la igualdad derrote a la sumisión y la democracia se construya desde abajo, con la lucha, la organización y la solidaridad de clase como cimientos.
