Cuando, tras una tragedia relacionada con un desahucio, escuchamos a responsables públicos como el presidente riojano Capellán afirmar que no hay que politizar la muerte de una persona, conviene aclarar qué significa realmente politizar. ¿Consiste en convertir el sufrimiento en propaganda partidista o en preguntarnos por qué hay personas que no pueden acceder a una vivienda y qué podemos hacer colectivamente para evitarlo?. Instrumentalizar una tragedia, como ha hecho el gobierno estatal o el gobierno madrileño con la muerte de Mari Carmen, es utilizarla en beneficio propio. Politizarla es analizar sus causas, exigir responsabilidades y buscar soluciones. La diferencia es fundamental, porque la política no es algo ajeno a nuestra vida cotidiana: es la forma en que se decide cómo se distribuye la riqueza, quién accede a una vivienda, cuánto cuesta vivir de un salario y qué recursos se destinan a la sanidad o la educación.
No necesitamos menos política, sino dejar de aceptar que las decisiones que condicionan nuestras vidas se presenten como cuestiones técnicas, inevitables o ajenas a cualquier alternativa. Basta mirar a nuestro alrededor, en La Rioja, el encarecimiento de la vivienda dificulta la emancipación de los jóvenes y obliga a muchas familias a dedicar una parte insostenible de sus ingresos al alquiler (el 36% de los ingresos de una familia riojana se dedican al alquiler). El censo de 2021 contabilizó 25.934 viviendas vacías en nuestra comunidad. A finales de 2025, el centro histórico de Logroño contaba con 431 alojamientos turísticos sobre un parque de 3.029 viviendas. Estos datos no explican por sí solos toda la crisis residencial, pero plantean una pregunta esencial: ¿estamos organizando la vivienda para garantizar un derecho o para obtener la máxima rentabilidad?
La cuestión no es únicamente cuántas viviendas hay, sino quién las posee, para qué se utilizan y qué intereses determinan su precio. Cuando el acceso a un hogar depende de la capacidad de pago y la vivienda constituye una inversión, el derecho a vivir bajo un techo digno entra en conflicto con la rentabilidad de la propiedad. No estamos ante una fatalidad del mercado, sino ante una forma concreta de organizar la economía, sostenida por decisiones políticas y relaciones de poder que podrían ser distintas.
Lo mismo sucede con los salarios, la precariedad o los servicios públicos. La riqueza no aparece por generación espontánea, la produce el trabajo, pero sus frutos se distribuyen de manera desigual. Y cuando la sanidad o la educación públicas carecen de los recursos necesarios, mientras se nos dice que no hay alternativas o que debemos conformarnos con lo posible, conviene preguntarse quién establece esos límites y a qué intereses responden. Aquí está el fondo del problema, los diferentes gobiernos dirigidos por los dos grandes partidos del sistema pueden adoptar medidas para aliviar las consecuencias de estas situaciones, pero sus políticas no cuestionan nunca las relaciones económicas que las producen. De hecho, las políticas del sistema tienen un límite muy claro: pueden gestionar las contradicciones de la sociedad, pero nunca van a resolverlas si para hacerlo deben enfrentarse a los intereses sobre los que se sostiene el propio sistema. Se puede ampliar una ayuda al alquiler, pero eso no equivale a garantizar el derecho a la vivienda. Se puede subir el salario mínimo, pero eso no elimina el conflicto entre los ingresos del trabajo y la acumulación de beneficios. Se pueden reforzar los servicios públicos sin alterar las prioridades económicas que los mantienen permanentemente bajo presión.
No es una cuestión exclusiva de quién ocupa el Gobierno ni de las siglas que aparecen en una papeleta, sino que es un problema político más profundo: confundir la gestión de lo existente con la transformación de las condiciones que lo hacen funcionar de esta manera. Y es especialmente grave cuando la izquierda institucional, que debería responder a los intereses de la clase trabajadora, asume esos límites como si fueran los únicos posibles, convirtiéndose en administradora de problemas que dice querer resolver.
La clase trabajadora sigue existiendo, aunque muchas personas no se identifiquen con esa expresión. Quien depende de un salario, paga un alquiler, necesita servicios públicos comparte una realidad material, independientemente de sus ideas o de las siglas a las que vote. El problema es que una parte de la izquierda ha dejado de relacionar esas dificultades cotidianas con los intereses económicos que las condicionan, habla de problemas concretos, pero a menudo evita explicar por qué se repiten y qué habría que cambiar para que dejaran de hacerlo. Lo ocurrido en Berlín en 2021 ofrece una referencia interesante. El 57,6 % de los votos válidos respaldó una iniciativa para expropiar grandes empresas inmobiliarias. Más allá de que aquella votación no supusiera por sí misma la expropiación efectiva, puso sobre la mesa una cuestión que aquí demasiadas veces se evita: si la vivienda es un derecho, ¿por qué determinadas formas de propiedad deben quedar fuera del debate? La propuesta vinculó una necesidad cotidiana con los intereses económicos que condicionan su solución.
Ese es el terreno en el que una izquierda transformadora debe recuperar la iniciativa. No basta con gestionar mejor las consecuencias de la desigualdad ni con prometer que el sistema será más humano, hay que explicar sus mecanismos, señalar los intereses que se benefician de ellos y defender alternativas que permitan a la mayoría social decidir sobre sus propias condiciones de vida. No se trata de enfrentar la vivienda con los salarios o los servicios públicos, sino de comprender que todos estos problemas están relacionados con la distribución de la riqueza y del poder económico.
Pero esa transformación no llegará únicamente mediante argumentos, programas electorales o llamamientos a la responsabilidad de quienes gobiernan. Los derechos laborales, los salarios dignos y buena parte de las conquistas sociales fueron resultado de la organización y la lucha colectiva. Quienes viven de su trabajo tienen intereses comunes, pero necesitan herramientas para defenderlos frente a quienes disponen de muchos más recursos e influencia.
Por eso, ante el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral y el deterioro de los servicios públicos, hay que poner sobre la mesa la convocatoria de una huelga general con objetivos claros: salarios dignos, vivienda accesible, empleo estable, defensa de la sanidad y la educación públicas y una distribución más justa de la riqueza. No como una consigna vacía ni como una convocatoria desligada de la realidad, sino como un proceso construido desde los centros de trabajo, los sindicatos, los movimientos sociales y los barrios, capaz de unir reivindicaciones y convertir el descontento en fuerza organizada.
Esa es también la responsabilidad de la izquierda: no limitarse a pedir confianza en las instituciones, sino contribuir a que la clase trabajadora recupere la capacidad de intervenir sobre las decisiones que condicionan su existencia. Si una parte de esa clase se aleja de las organizaciones tradicionales, no basta con lamentarlo ni con atribuirlo a la desinformación o hablar despectivamente de “fachapobres”. Hay que preguntarse si encuentra en ellas instrumentos útiles para defender sus intereses y si están dispuestas a cuestionar algo más que las consecuencias del orden económico.
Así pues, politizar la tragedia de tantas Mari Carmen en este país, no es aprovecharse del sufrimiento ajeno, es negarnos a aceptar que sus causas sean inevitables, que las soluciones queden subordinadas a la rentabilidad y que las decisiones fundamentales permanezcan fuera del alcance de la mayoría. Porque el problema no es solamente quién gobierna, sino qué intereses se defienden, qué límites se aceptan y qué estamos dispuestos a cambiar.
No necesitamos menos política. Necesitamos una política que no confunda administrar la realidad con transformarla. Y una clase trabajadora que no se limite a esperar soluciones desde arriba, sino que se organice para conquistar por sí misma las condiciones de una vida digna.
