La vivienda en La Rioja: Un derecho y no una mercancía.

La vivienda en La Rioja tiene una crisis profunda que, lejos de ser un problema técnico o de recursos, refleja una distribución injusta e ineficaz dentro de un sistema que prioriza el beneficio económico sobre las necesidades humanas. En una comunidad que supera los 300.000 habitantes hay más de 30.000 viviendas vacías. La paradoja es evidente, el problema no es la falta de viviendas, sino el acceso a ellas.

El precio de la vivienda ha subido significativamente en la última década. En Logroño, el metro cuadrado ha pasado de costar 1.430 € en 2013 a 1.790 € en 2023, un incremento del 25%. Mientras tanto, los alquileres han subido más del 40%, con precios promedio que rondan los 650 euros mensuales. Este aumento supera con creces el crecimiento de los ingresos familiares, que siguen estancados. El salario medio anual en La Rioja es de 22.000 € brutos, y cerca del 17% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Para los jóvenes, la situación es aún más difícil, solo el 19,8% logra emanciparse, la tasa más baja de España. Con alquileres altos, condiciones laborales precarias y precios prohibitivos para comprar vivienda, muchas personas se ven atrapadas en casa de sus familias o en habitaciones compartidas, lejos de alcanzar una independencia real.

Las viviendas vacías se convierten así en el rostro de la especulación. Un 16,6% de las viviendas en La Rioja están vacías, más de 30.000 propiedades no cumplen su función social, sino que se mantienen desocupadas como parte de estrategias especulativas de bancos, fondos de inversión y grandes propietarios. Logroño concentra la mayor parte de estas viviendas, con más de 11.000 propiedades vacías. Estos grandes actores del mercado han convertido la vivienda en un producto financiero, acumulando inmuebles y restringiendo la oferta para que los precios sigan subiendo. Este fenómeno, conocido como “extractivismo inmobiliario”, no solo encarece el acceso a la vivienda, sino que alimenta la desigualdad.

La despoblación rural es además otro frente del problema. Mientras las viviendas vacías abundan en los pueblos de La Rioja, la despoblación rural sigue avanzando. Según el INE, el 40% de los municipios riojanos tienen menos de 100 habitantes, lo que refleja la falta de oportunidades económicas y servicios básicos en estas zonas, a pesar de ello una población importante de mayores permanece en ellas. Esta desigualdad territorial genera un doble efecto; por un lado, los núcleos urbanos como Logroño, Calahorra y Haro concentran la demanda de vivienda y ven subir los precios; por otro, las viviendas rurales abandonadas son una muestra de recursos desperdiciados que podrían aprovecharse para frenar la despoblación.

El impacto en las familias es tremendo por lo que esta crisis habitacional tiene un rostro humano. Según Cáritas, los desahucios por impago de alquiler han aumentado un 15% en los últimos tres años, y más de 2.500 familias han solicitado ayuda para cubrir sus necesidades básicas de vivienda. La precariedad habitacional afecta especialmente a los colectivos más vulnerables, jóvenes, mujeres, particularmente las madres solteras, que destinan hasta el 50% de sus ingresos al pago del alquiler, personas mayores con ingresos mínimos e inmigrantes en condiciones precarias que sufren mayores tasas de hacinamiento y abusos por parte de propietarios.

¿Existen soluciones? Por supuesto. La vivienda, que debería ser un derecho básico, se ha convertido en un lujo. La situación es insostenible, pero también reversible si se toman medidas valientes y con visión de futuro:

• Expropiación de viviendas vacías, las más de 33.000 viviendas desocupadas deben ponerse al servicio del alquiler social. Esto no solo aliviaría la presión sobre el mercado, sino que garantizaría un uso justo de estos recursos.

• Control de los precios del alquiler, limitar los precios para que ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos al alquiler es esencial para evitar la exclusión habitacional.

• Construcción de vivienda pública, la inversión en vivienda social debe ser una prioridad, destinando un porcentaje significativo del presupuesto autonómico.

• Rehabilitación de viviendas rurales, las casas abandonadas en los pueblos pueden rehabilitarse mediante planes públicos para ofrecerlas a jóvenes y familias interesadas en repoblar estas zonas.

• Impuestos progresivos a grandes propietarios.

• Penalizar fiscalmente a quienes mantengan viviendas vacías o acumulen propiedades sin ponerlas en el mercado es una medida necesaria para frenar la especulación.

• La Participación ciudadana, debe de estar en el centro de las decisiones sobre vivienda, asegurando que las políticas se ajusten a las necesidades reales de la población.

• Fomentar la propiedad colectiva que evita la especulación, imposibilitando el lucro individual al alquiler o ventade ella.

Es necesario declarar la vivienda como un servicio social general sin ánimo de lucro. Sólo de este modo será posible garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna y asequible para todas las personas, familias, jóvenes, mayores y especialmente a aquellos colectivos en riesgo de exclusión. En conclusión, el problema de la vivienda en La Rioja no es una cuestión de recursos, sino de voluntad política. El modelo actual, basado en la mercantilización de un derecho básico, es insostenible y excluyente. Solo con un cambio profundo que sitúe las necesidades de las personas por encima del beneficio privado será posible garantizar un hogar digno para toda la ciudadanía riojana. La vivienda es un derecho, no un privilegio, y su defensa es una lucha ineludible por una sociedad más justa e igualitaria.

Vivienda digna, derecho inalienable que debemos defender.

Juan Cigarría Álvarez

Juana Clavero Molina

Área vivienda del Partido Comunista de La Rioja