Juan Cigarría y Ainhoa Martínez. Partido Comunista de España (PCE) en La Rioja

El próximo sábado 30 de mayo de 2026, miles de personas volverán a salir a las calles en una movilización estatal por el derecho a la vivienda. Coordinada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, la protesta tendrá eco en decenas de ciudades, también en Logroño. No se trata de una cita simbólica ni de una movilización más del calendario. Expresa un conflicto que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas: la imposibilidad creciente de acceder a una vivienda digna.

Lo que está en juego no es solo el precio del alquiler ni un simple desequilibrio entre oferta y demanda. La cuestión de fondo es si la vivienda funciona como un derecho o como una mercancía sometida a la lógica del beneficio. Hoy, ese conflicto se resuelve de forma sistemática a favor de la especulación.

Incluso dentro del marco constitucional actual aparece una contradicción evidente. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y encomienda a los poderes públicos impedir la especulación del suelo. El artículo 128 establece además que toda la riqueza del país debe subordinarse al interés general. Pero conviene no idealizar ese marco: la vivienda ni siquiera está reconocida como un derecho fundamental plenamente exigible, lo que limita enormemente su garantía efectiva y evidencia los límites del propio régimen surgido en 1978. Décadas de políticas públicas han demostrado, además, que el problema no se reduce a falta de voluntad política ni a una mejor interpretación jurídica. Existe una orientación sostenida que ha colocado sistemáticamente la rentabilidad inmobiliaria por encima del derecho a vivir.

La experiencia de la crisis de 2008 dejó una lección clara. Mientras miles de familias eran expulsadas de sus hogares, los bancos fueron rescatados con dinero público. La llamada dación en pago se presentó como solución, pero su aplicación fue limitada y muchas personas perdieron su vivienda sin dejar atrás la deuda. El mensaje era claro: primero la estabilidad financiera, después la vida de la gente.

Desde entonces, lejos de corregirse, el problema se ha profundizado. La vivienda se ha convertido cada vez más en un activo financiero. Fondos de inversión y grandes tenedores han ampliado su peso en el mercado mientras el parque público continúa siendo insuficiente. El resultado es conocido: alquileres disparados, emancipación juvenil imposible y familias obligadas a destinar una parte creciente de sus ingresos a mantener un techo.

En La Rioja esta realidad también tiene cifras concretas. Existen más de 4.000 viviendas vacías, muchas de ellas concentradas en manos de grandes propietarios y especialmente en la capital. Al mismo tiempo, se ha producido una fuerte expansión de las viviendas de uso turístico. En Logroño se contabilizan alrededor de 800 pisos turísticos, con una fuerte concentración en el casco histórico, donde una parte importante del parque residencial se ha desplazado hacia usos turísticos. El efecto es evidente: menos vivienda disponible para residencia habitual y mayor presión sobre el precio del alquiler.

No estamos ante un problema de escasez física de vivienda, sino ante una forma concreta de organizarla: como objeto de rentabilidad antes que como necesidad social. Y esa organización no es casual. Es el resultado de decisiones políticas acumuladas durante décadas que han protegido más a quienes obtienen beneficios de la vivienda que a quienes la necesitan para vivir.

Por eso las respuestas parciales han fracasado. Décadas apostando por más construcción, más suelo y más liberalización no han resuelto el acceso a la vivienda. Las medidas necesarias se conocen desde hace tiempo: ampliar de forma decidida el parque público de alquiler, movilizar vivienda vacía mediante fiscalidad disuasoria e intervención pública cuando exista uso especulativo, controlar efectivamente los precios y limitar la acumulación de vivienda por parte de fondos de inversión y grandes tenedores cuando su finalidad sea puramente especulativa.

También debe abrirse el debate sobre la expropiación de vivienda vacía cuando exista un interés general evidente. El Estado ya utiliza esta herramienta para infraestructuras o servicios públicos. Resulta difícil justificar que se descarte cuando lo que está en juego es un derecho tan básico como disponer de un hogar.

El 30 de mayo no resolverá por sí solo este problema, pero sí puede contribuir a devolverlo al centro del debate político y social. Porque la vivienda no es un activo financiero ni una oportunidad de negocio: es la base material sobre la que las personas construyen su vida.

Y lo que está en juego no es únicamente el precio del alquiler. Es qué modelo de sociedad se impone: uno subordinado a la lógica del mercado o uno orientado a garantizar las condiciones materiales de vida de la mayoría social. También en La Rioja.