Día de las víctimas del franquismo en La Rioja
Juan Cigarría, Partido Comunista de España (PCE) en La Rioja
Casi 90 años después del comienzo del golpe de Estado franquista y de la sangrienta represión que lo acompañó, todavía hay familias buscando a sus muertos. Más de 2.000 personas fueron asesinadas en nuestra región, donde ni siquiera hubo guerra. No es una novela, no ocurre en un país inmerso en un conflicto bélico ni bajo una dictadura. Ocurre hoy, en La Rioja. En semanas pasadas, una asociación memorialista trabajaba para recuperar los restos de cinco trabajadores de los pantanos de Ortigosa, asesinados por los fascistas en agosto de 1936 y enterrados en una fosa común en Villoslada de Cameros. No es un juez quien dirige la investigación, ni siquiera es el Estado quien impulsa la búsqueda. Son ciudadanos organizados quienes, una vez más, intentan devolver un nombre y una sepultura digna a quienes nunca debieron desaparecer de nuestra historia.
Esa escena resume mejor que cualquier discurso el fracaso de la memoria histórica institucional. Como ciudadanos, deberíamos pensar que el verdadero escándalo es que, casi medio siglo después de la llegada de la democracia liberal a España, siga siendo la sociedad civil quien asuma unas obligaciones que corresponden al Estado. Porque ¿dónde están los jueces?, ¿dónde está el derecho a la justicia que corresponde a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos? Así, en pleno siglo XXI, la justicia, la verdad y la reparación continúan ausentes para las víctimas en lo que a nivel internacional se conoce como el modelo español de impunidad: una realidad difícil de encontrar en países de nuestro entorno.
Es imprescindible tener en cuenta que las víctimas del franquismo no reclaman privilegios ni piden un trato de excepción, reclaman exactamente los mismos derechos que el Derecho Internacional reconoce a cualquier víctima de graves violaciones de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Así pues, lo extraordinario no son sus reivindicaciones, lo extraordinario es que, casi noventa años después de muchos de aquellos crímenes, sigan teniendo que reclamarlas.
Recordemos que España aprobó en 2007 una primera Ley de Memoria Histórica y, en 2022, una nueva Ley de Memoria. En La Rioja, la ley de memoria fue aprobada en 20222 gracias al impulso del PCE e IU. Estas leyes han supuesto avances que sería injusto negar, pero también han evidenciado sus límites. Se impulsan exhumaciones al margen de la justicia y se retiran símbolos de la dictadura, mientras el derecho a la justicia continúa siendo la gran asignatura pendiente. Diversos organismos internacionales llevan años recordando a España que las víctimas tienen derecho a una investigación judicial efectiva y a una reparación integral. Sin embargo, gobierne quien gobierne, el Estado sigue sin afrontar plenamente esa responsabilidad.
Por eso el 22 de julio, Día de las Víctimas del Franquismo, continúa siendo una fecha incómoda. En La Rioja, la Ley de Memoria Histórica establece que el 22 de julio debe conmemorarse oficialmente como el Día de las Víctimas del Franquismo. Desde que la ley fue aprobada, ese acto nunca se ha celebrado a nivel institucional. No lo hizo el anterior Gobierno del PSOE y tampoco lo ha hecho el actual Gobierno del PP. Podría parecer un incumplimiento simbólico, pero no lo es; es el reflejo de una democracia que sigue teniendo dificultades para mirar de frente una parte esencial de su propia historia.
El silencio nunca es neutral, también construye un relato. Cuando las instituciones dejan de recordar a quienes defendieron la legalidad democrática frente al golpe de Estado de 1936, otros se encargan de relativizar la dictadura, equiparar víctimas y verdugos o presentar la memoria histórica como un ejercicio de confrontación. Un claro ejemplo es la reciente polémica sobre el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes del exilio republicano. En lugar de hablar de cientos de miles de españoles expulsados de su país por la violencia franquista, el debate vuelve a girar alrededor de intereses partidistas o cálculos electorales. Se discute el derecho de los nietos mientras se intenta hacer olvidar, de manera interesada, por qué sus abuelos tuvieron que marcharse.
¿Por qué, entonces, esta polémica? Porque la memoria histórica nunca ha sido una discusión únicamente sobre el pasado, sino también sobre el presente y sobre el tipo de Estado que hemos construido. Una democracia se mide por cómo trata a sus víctimas, por cómo garantiza los derechos de quienes viven en ella y por su capacidad para hacer justicia. Un Estado que todavía no ha sido capaz de garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del franquismo es también un Estado que hoy muestra enormes dificultades para hacer efectivos otros derechos fundamentales.
El acceso a una vivienda digna se subordina a la especulación, la precariedad laboral se convierte en norma y los servicios públicos se deterioran mientras aumentan las desigualdades. No porque una injusticia explique automáticamente las demás, sino porque todas responden a una misma lógica: la de una democracia que reconoce derechos sobre el papel, pero que, con demasiada frecuencia, llega tarde a la hora de garantizarlos.
Quizá por eso el 22 de julio sigue siendo una fecha incómoda. No porque nos obligue a volver a 1936, sino porque nos obliga a mirar a la España de 2026. Nos pregunta qué democracia hemos construido y qué democracia queremos legar a las próximas generaciones. La memoria histórica no consiste únicamente en dignificar a quienes fueron asesinados por el franquismo; consiste en decidir sobre qué principios queremos seguir construyendo nuestro futuro. Porque solo una democracia capaz de hacer justicia con sus muertos podrá hacer justicia, de verdad, con sus vivos. Mientras esa deuda continúe pendiente, el 22 de julio seguirá siendo mucho más que una fecha para recordar el pasado: será el espejo en el que se reflejen las carencias democráticas del presente y la obligación de construir un futuro en el que los derechos dejen de ser promesas para convertirse, por fin, en una realidad para todos.
